PRESIDENTE DE LA CORTE APOYO A ESTA CORRUPTA JUEZA

JUEZA CORRUPTA
JUEZA SE COMPRO AUTO NUEVO Y SE HIZO CIRUGIA CON EL DINERO RECIBIDO

Otro imperdonable caso de corrupción en la Corte: El juicio que libró la conductora de televisión Magaly Medina y su productor Ney Guerrero, contra Paolo Guerrero.

Margaret Huamán Ponce, ex secretaria de la jueza María Teresa Cabrera, señaló que esta última recibió dinero de los padres de Paolo Guerrero para condenar a la “Urraca’, y mandar a prisión a la conductora de televisión.

En entrevista con Jaime Bayly, Huamán Ponce ratificó su denuncia y señaló que la intención de los padres de Guerrero era que Medina pasara la Navidad en la cárcel.

“Querían que (Magaly) pasara la Navidad dentro del penal. Creo que fueron de dos a cuatro los pagos fraccionados que recibió la jueza. Unos fueron antes de que la mandaran a la cárcel y otros, cuando se ejecutó la resolución final”, refirió Huamán Ponce en El francotirador.

Luego mencionó que tras el falló a favor de Guerrero, la jueza Cabrera evidenció signos de riqueza. “El cambio era evidente, se compró un auto nuevo después de la sentencia contra Magaly. Varió su aspecto físico, se hizo la liposucción”, recordó.

MAGALY PUEDE PEDIR INDEMNIZACIÓN.
Según el abogado penalista Julio Rodríguez, la conductora de ATV podría entablar una demanda a la familia de Paolo Guerrero y solicitar una indemnización por daños y perjuicios.

“Si se confirma que sí hubo un acto de corrupción y que, por eso motivo, ella fue perjudicada y encerrada, podría intentar pedir una suerte de reparación civil”, indicó Rodríguez.
Siempre se supo que ordenar una encarcelación a Magaly Medina era absolutamente exagerado. Ahora se entiende que fue por el dinero que recibió esta maldita jueza.
MAS INFORMACION:
http://peru21.pe/noticia/634752/querian-que-pasara-navidad-carcel?utm_source=ucayali&utm_medium=ucayalialdia

GRACIAS A RESOLUCIONES DEL PODER JUDICIAL 2079 TRAFICANTES ESTÁN LIBRES

Como siempre en el Perú: Inocentes a la cárcel, delincuentes en las calles.
Seis integrantes de una mafia, del caso al que la Policía denominó "Tres Ases", ya están libres. Este es uno de los ejemplos de la impunidad.
Nuevo escándalo en el Poder Judicial. Sólo en el 2008 un total de 2,079 procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas han sido liberados gracias a resoluciones judiciales, hecho que según una nota de prensa de la Policía Nacional viene debilitando la seguridad ciudadana.
El mayor número de los presuntos narcotraficantes "beneficiados" se ha registrado en Lima (600), seguido por Piura (178), Huánuco (145), Ayacucho (108), Tacna (103), La Libertad (94) y áncash (80).

DE TODAS FORMAS. Una de las modalidades de excarcelación más usadas por los abogados es el llamado arresto domiciliario, que -como se sabe- en algunos casos ha facilitado la fuga de los procesados.
Además los letrados recurren a las solicitudes de comparecencia y comparecencia restringida, exceso de detención, prescripción y pena suspendida, así como al beneficio de la semilibertad.
En el documento policial se refiere que "estas cifras representan un peligro para la sociedad, toda vez que -en la mayoría de los casos- muchos de estos ex internos reinciden en el delito, sumados a asaltos, hurtos agravados, entre otros".
MAS INFORMACION:
http://www.forosperu.net/showthread.php?t=50409

Se pierden más de S/.51 millones en LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

Fiscal de la Nación se dispone a investigar denuncia que implica al presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega, y a administradora Carola Cáceres.

César Romero.

¿Pueden desaparecer 42,433 Certificados de Depósito Judicial (CDJ) por 51’787,544.64 soles y nadie hacer nada? La respuesta es afirmativa y está sucediendo en la Corte Superior de Lima que preside César Vega Vega.

La desaparición de los CDJ fue denunciado en mayo del 2009 por la entonces jefa de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación, Mirtha Ramos Salas. En aquella ocasión, Ramos denunció ante sus superiores la posible existencia de una mafia que estaría apropiándose de los certificados.

Sin embargo, no le hicieron caso. Por el contrario, el pasado 19 de octubre, Mirtha Ramos fue despedida y su oficina allanada por la administradora de la Corte de Lima, Carola Cáceres Rojas, con la anuencia del presidente de la Corte Superior, César Vega Vega.

La intervención al despacho de Mirtha Ramos se realizó con una fiscal de prevención del delito, lo que fue aprovechado por Ramos para entregar formalmente su informe de mayo del 2009 dejado de lado por César Vega y presionar para abrir una investigación.
El 22 de febrero último, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, dispuso que una fiscalía provincial determine si se configura delito en esta denuncia.

La denuncia

Mirtha Ramos denunció que al asumir el cargo le entregaron 11 cajas llenas de CDJs desde 1990 hasta el 2005 y que encontró un acta que señala que cinco cajas habían sido inventariadas, que totalizaron 48,427 certificados por 52’396,544.64 soles más 584,735.79 dólares. En las cajas restantes había otros 45 mil CDJs.

Pero al realizarse una nueva revisión, el servidor Carlos Díaz presentó un primer reporte en el que indicaba la existencia de apenas 5,694 certificados por 611,234,93 soles y 210,858,20 dólares. Luego, en un segundo informe indicó S/. 263,563.90 y US$ 135,054.18.

¿Dónde están los millones? Eso es lo que Ramos quiere averiguar y parece que la administración de Vega Vega no desea que se conozca. Ramos también advirtió certificados faltantes en los reportes posteriores al 2005 que presenta Díaz Sotil, quien cuenta con el respaldo de Carola Cáceres.

La respuesta de Vega a todo este asunto ha sido que “aquí no pasa nada, teníamos unas cifras sobredimensionadas porque el 2005 se sumaron por igual intis y soles, pero lo que aún no está claro es la diferencia en el número total de CDJs entre uno y otro inventario”.

En el afán de desacreditar a Mirtha Ramos, Vega acusa a una de las hermanas de esta de pretender cobrar un CDJ, lo que demuestra, en todo caso, que esos documentos sí se pueden cobrar con o sin la intervención de un magistrado.