Fiscal de la Nación se dispone a investigar denuncia que implica al presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega, y a administradora Carola Cáceres.
César Romero.
¿Pueden desaparecer 42,433 Certificados de Depósito Judicial (CDJ) por 51’787,544.64 soles y nadie hacer nada? La respuesta es afirmativa y está sucediendo en la Corte Superior de Lima que preside César Vega Vega.
La desaparición de los CDJ fue denunciado en mayo del 2009 por la entonces jefa de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación, Mirtha Ramos Salas. En aquella ocasión, Ramos denunció ante sus superiores la posible existencia de una mafia que estaría apropiándose de los certificados.
Sin embargo, no le hicieron caso. Por el contrario, el pasado 19 de octubre, Mirtha Ramos fue despedida y su oficina allanada por la administradora de la Corte de Lima, Carola Cáceres Rojas, con la anuencia del presidente de la Corte Superior, César Vega Vega.
La intervención al despacho de Mirtha Ramos se realizó con una fiscal de prevención del delito, lo que fue aprovechado por Ramos para entregar formalmente su informe de mayo del 2009 dejado de lado por César Vega y presionar para abrir una investigación.
El 22 de febrero último, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, dispuso que una fiscalía provincial determine si se configura delito en esta denuncia.
La denuncia
Mirtha Ramos denunció que al asumir el cargo le entregaron 11 cajas llenas de CDJs desde 1990 hasta el 2005 y que encontró un acta que señala que cinco cajas habían sido inventariadas, que totalizaron 48,427 certificados por 52’396,544.64 soles más 584,735.79 dólares. En las cajas restantes había otros 45 mil CDJs.
Pero al realizarse una nueva revisión, el servidor Carlos Díaz presentó un primer reporte en el que indicaba la existencia de apenas 5,694 certificados por 611,234,93 soles y 210,858,20 dólares. Luego, en un segundo informe indicó S/. 263,563.90 y US$ 135,054.18.
¿Dónde están los millones? Eso es lo que Ramos quiere averiguar y parece que la administración de Vega Vega no desea que se conozca. Ramos también advirtió certificados faltantes en los reportes posteriores al 2005 que presenta Díaz Sotil, quien cuenta con el respaldo de Carola Cáceres.
La respuesta de Vega a todo este asunto ha sido que “aquí no pasa nada, teníamos unas cifras sobredimensionadas porque el 2005 se sumaron por igual intis y soles, pero lo que aún no está claro es la diferencia en el número total de CDJs entre uno y otro inventario”.
En el afán de desacreditar a Mirtha Ramos, Vega acusa a una de las hermanas de esta de pretender cobrar un CDJ, lo que demuestra, en todo caso, que esos documentos sí se pueden cobrar con o sin la intervención de un magistrado.
César Romero.
¿Pueden desaparecer 42,433 Certificados de Depósito Judicial (CDJ) por 51’787,544.64 soles y nadie hacer nada? La respuesta es afirmativa y está sucediendo en la Corte Superior de Lima que preside César Vega Vega.
La desaparición de los CDJ fue denunciado en mayo del 2009 por la entonces jefa de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación, Mirtha Ramos Salas. En aquella ocasión, Ramos denunció ante sus superiores la posible existencia de una mafia que estaría apropiándose de los certificados.
Sin embargo, no le hicieron caso. Por el contrario, el pasado 19 de octubre, Mirtha Ramos fue despedida y su oficina allanada por la administradora de la Corte de Lima, Carola Cáceres Rojas, con la anuencia del presidente de la Corte Superior, César Vega Vega.
La intervención al despacho de Mirtha Ramos se realizó con una fiscal de prevención del delito, lo que fue aprovechado por Ramos para entregar formalmente su informe de mayo del 2009 dejado de lado por César Vega y presionar para abrir una investigación.
El 22 de febrero último, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, dispuso que una fiscalía provincial determine si se configura delito en esta denuncia.
La denuncia
Mirtha Ramos denunció que al asumir el cargo le entregaron 11 cajas llenas de CDJs desde 1990 hasta el 2005 y que encontró un acta que señala que cinco cajas habían sido inventariadas, que totalizaron 48,427 certificados por 52’396,544.64 soles más 584,735.79 dólares. En las cajas restantes había otros 45 mil CDJs.
Pero al realizarse una nueva revisión, el servidor Carlos Díaz presentó un primer reporte en el que indicaba la existencia de apenas 5,694 certificados por 611,234,93 soles y 210,858,20 dólares. Luego, en un segundo informe indicó S/. 263,563.90 y US$ 135,054.18.
¿Dónde están los millones? Eso es lo que Ramos quiere averiguar y parece que la administración de Vega Vega no desea que se conozca. Ramos también advirtió certificados faltantes en los reportes posteriores al 2005 que presenta Díaz Sotil, quien cuenta con el respaldo de Carola Cáceres.
La respuesta de Vega a todo este asunto ha sido que “aquí no pasa nada, teníamos unas cifras sobredimensionadas porque el 2005 se sumaron por igual intis y soles, pero lo que aún no está claro es la diferencia en el número total de CDJs entre uno y otro inventario”.
En el afán de desacreditar a Mirtha Ramos, Vega acusa a una de las hermanas de esta de pretender cobrar un CDJ, lo que demuestra, en todo caso, que esos documentos sí se pueden cobrar con o sin la intervención de un magistrado.
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